La inhabilitación de Escañuela y el adiós de Sáez preceden al fallo del CSD sobre Villar

ProLiga se personará en el caso "Soule" y amplia la denuncia sobre las elecciones a la RFEF.

EFE

La inhabilitación de Escañuela y el adiós de Sáez preceden al fallo del CSD sobre Villar
La inhabilitación de Escañuela y el adiós de Sáez preceden al fallo del CSD sobre Villar

La decisión que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) adopte esta tarde sobre la posible suspensión temporal de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), puede añadir su nombre al de Luis Escañuela y José Luis Sáez, que se vieron forzados a dejar el cargo por denuncias de este organismo.

Aunque el TAD ya abrió un proceso de información reservada para estudiar una posible inhabilitación a Villar, por la actuación de la RFEF en un supuesto agravio comparativo por trato de favor con los clubes Recreativo y Marino y ésta no se produjo, la situación actual es diferente y está condicionada a la resolución judicial.

El TAD aceptó ayer abrir un expediente disciplinario a Villar y al vicepresidente primero de la RFEF y responsable de la federación de Tenerife, Juan Padrón, a petición del CSD, una vez que ambos permanecen ingresados en prisión desde el pasado día 20 por decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El juez considera que existen bastantes motivos para creerlos "responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares".

Ante estos argumentos el TAD acordó la incoación del expediente y nombró a Cristina Pedrosa instructora del mismo, trámite necesario para que la Comisión Directiva del CSD pueda suspender esta tarde de sus funciones a Villar y a Padrón en tanto se resuelva el expediente.

No obstante, el desenlace del mismo estará condicionado al del proceso judicial, como establece el propio TAD en la comunicación que hizo tras su reunión de ayer.

"Al existir identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre la infracción administrativa de la que los expedientados son presuntos responsables y la infracción penal que se imputa a los mismos en el procedimiento seguido ante el juzgado central número 1 de la Audiencia Nacional, procede la suspensión del presente expediente disciplinario, a tenor de lo establecido en el artículo 83.2 de la Ley del Deporte, hasta tanto recaiga resolución judicial", señala el TAD.

Este organismo sí tuvo que decidir sobre otros presidentes federativos. En septiembre de 2015 inhabilitó durante dos años al de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, a quien previamente había suspendido de forma cautelar durante un mes en junio de ese año.

El procedimiento se inició ante la negativa de Escañuela a facilitar información para auditar las cuentas relativas a la Fundación y el Observatorio del Tenis y por el desvío sospechoso de cerca de 600.000 euros.

Antes de la inhabilitación el TAD también sancionó a Escañuela durante siete meses por negarse a entregar al CSD las actas de la junta directiva relativas al nombramiento de Gala León como capitana del equipo de Copa Davis.

Estos hechos hicieron que Escañuela presentara una querella contra el entonces presidente del CSD, Miguel Cardenal, y su anterior directora general Ana Muñoz, que fue archivada el pasado noviembre.

El proceso de renuncia de José Luis Sáez a la presidencia de la Federación de Baloncesto siguió un camino distinto. El CSD también pidió la apertura de un expediente al TAD, ante la denuncia de incorrecto uso de fondos federativos por parte de territoriales y al igual que en caso de Villar se convirtió en el inicio de un proceso de información reservada en marzo de 2016.

Sáez dimitió hace ahora un año, después de doce como presidente, después de ser citado a declarar en sede judicial por los datos reflejados en la auditoría del CSD, según la cual sus gastos ascendían a 737.746 euros solo en restaurantes entre 2011 y 2014.

Ésta reflejaba también el cargo a tarjetas proporcionadas por la FEB de 300.000 euros anuales, gastos aprobados por la propia federación sin control, ya que el responsable de este desembolso lo autorizaba después.